La Transparencia une a todos los partidos políticos españoles, pero corre el riesgo de convertirse en una “foto fija”

El gran eje de cambio en las Administraciones españolas, “la auténtica ‘Nueva Frontera’ entre la vieja política y la moderna responde a una palabra: Transparencia”. “Tanto en las últimas campañas municipales y autonómicas, como en las acciones y discursos poselectorales, el gran punto de encuentro programático entre las distintas formaciones políticas es la reivindicación de una mayor transparencia”, asegura Silvia Fraga, directora de “1952 by Stem”, la consultora que analiza este proceso a través de su “Informe de Tendencias de Transparencia y Buen Gobierno”.

Una de las conclusiones del estudio es que España se ha lanzado a una carrera por recuperar el tiempo perdido en esta materia. No solo ha sido el último país importante de la UE en aprobar una ley estatal de transparencia (2013), sino que lleva tres siglos de retraso respecto a la Ley de Transparencia más antigua del mundo, la impulsada por el ilustrado Anders Chydenius en Suecia (1766).

El informe publicado por “1952 by Stem” analiza los pormenores de la llamada “Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”, tres principios para “humanizar las instituciones españolas” con la lucha contra la corrupción como telón de fondo y la aparición de nuevas formaciones políticas a raíz del 15-M.

Siete meses después de la activación del Portal de la Transparencia del Gobierno de España, surgido al amparo de la Ley aprobada en el Congreso y el Senado con los votos del PP, CIU y el PNV, el estudio también recorre las aportaciones más sobresalientes en el ámbito local, provincial e internacional. 

El reto, los municipios

Otra conclusión es que la Ley está teniendo un mayor efecto entre las administraciones que entre los ciudadanos. Únicamente 878 personas presentaron más de 2.300 peticiones de acceso a la información durante los siete primeros meses de vida del Portal del Gobierno, es decir, solo un 6% de las 40.000 solicitudes previstas durante el primer año. “La transparencia no puede quedarse en una moda o en una foto fija, tiene que ser una forma de hacer las cosas e integrarse en nuestra cultura”, añade Silvia Fraga.

La mayor parte de las comunidades autónomas aprobaron o adaptaron su normativa en esta materia y subieron casi nueve puntos en el último informe de Transparencia Internacional: así, pasaron de 79,9 puntos en 2012 a 88,6 el año pasado. Los últimos comicios también sirvieron de acicate. Ocho de las 13 comunidades donde se celebraron elecciones el pasado 24 de mayo aprobaron o modificaron leyes de transparencia durante el último año y todas, salvo Madrid, contaban con portales destinados a la información pública.

El reto ahora pasa por la adaptación de los municipios. Los ayuntamientos –al igual que las comunidades autónomas– disponen hasta diciembre de 2015 para aplicar la Ley. El mayor problema es que las leyes sobre transparencia aprobadas en España durante los dos últimos años no han tenido tiempo material de implementarse en el conjunto de las administraciones.

La transparencia solo es uno de los tres grandes ejes del llamado “Gobierno Abierto”, junto a los de colaboración y participación, según los principios impulsados en julio de 2010, en Nueva York, por el presidente estadounidense Barack Obama y la presidenta brasileña Dilma Rousseff a través de la Iniciativa Mundial para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Esta nueva cultura de la gestión pública pretende formentar la interacción entre gobernantes y ciudadanos a través de mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa legislativa popular, las consultas y referendos, o los presupuestos participativos, entre otros.

Este primer informe publicado por “1952 by Stem” analiza las claves de la Ley de Transparencia y los ejemplos más destacados de su implementación en España, así como las tendencias tanto en esta materia como en Buen Gobierno. La consultora está preparando un segundo informe, que publicará próximamente, y que constituye una radiografía del estado de la transparencia en la Comunidad gallega.

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